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editorial del diario La Nación del 05 de marzo de 2000*

Rojas y Vega

La detención en Argentina de dos de los individuos, Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios, sindicados como autores materiales del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña es un paso importante en el proceso abierto para tratar de esclarecer el hecho.

Las autoridades judiciales y políticas encargadas de tramitar la extradición de estos detenidos deben evitar cualquier sospecha de negligencia en la tarea de traer al país a los sospechosos, pues ambas, las autoridades judiciales y políticas, han causado ya demasiado daño al proceso, plantando testigos, incorporando testimonios dudosos, ordenando detenciones injustificadas y causando males innecesarios, inconducentes e irreparables.

Aquí se ha llegado al extremo de que las fuerzas de seguridad del Estado han matado a un inocente, José "Coco" Villar, falsamente acusado de haber participado en el crimen, sin que ninguno de los que alentó esa patraña diga una palabra de arrepentimiento al respecto.

La escasa credibilidad del proceso sería herida de muerte si el gobierno paraguayo y los jueces fallan en el intento de extraditar a estas personas y de garantizarles plena seguridad, pues hay suficientes razones para creer que no se quiere, en verdad, esclarecer el crimen.

Nadie debe descartar ninguna hipótesis sobre el asesinato. Ninguna. Ni la que sostiene la responsabilidad moral de Lino Oviedo, ni las otras que, curiosamente, no han sido profundizadas por el gobierno y los jueces.

En efecto, a juzgar por lo que hacen y por lo que dicen, el gobierno y los jueces parecen resueltos a imputar la responsabilidad del crimen independientemente de los resultados de la investigación, lo cual es lamentable no solamente para los deudos del Dr. Argaña, que podrían verse privados de conocer la verdad, sino principalmente para el país, que quedará condenado a vivir sin conocimiento acabado de los hechos.

Ya hicieron el intento, que no cabe más remedio que calificar de desvergonzado, de finiquitar la investigación con el testimonio de Gumercindo Aguilar y sin garantizar a las partes el derecho de controvertir las pruebas, esencial en todo sistema judicial digno de ese nombre.

Si hubieran tenido éxito, se hubiera hecho creer falsamente a la sociedad que Villar y otros fueron los asesinos de Argaña, pero fracasaron, no por remordimientos propios sino por la presión que se ejerció desde la oposición para saber la verdad. Toda la verdad. Nada más que la verdad.

El gobierno y los jueces no deben intentar siquiera repetir con Vega y Rojas lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es impedir el debido proceso.

Los abogados participantes en la investigación deben tener la garantía más plena de que podrán controvertir las pruebas y realizar todas las diligencias necesarias para que, al final, no que duda razonable alguna sobre los hechos que costaron la vida al vicepresidente de la República.

Si el gobierno y los jueces no ajustan su conducta a las normas establecidas por la ciencia forense para dilucidar un hecho criminal, serán ellos los responsables de impedir que el país sepa quién ordenó matar a Luis María Argaña.

 

* EVP