Asimetría y
arbitrariedad
Enrique Vargas Peña
Donde la arbitrariedad del gobierno norteamericano presidido por
William Jefferson Clinton con relación al Paraguay se percibe mejor es en la comparación
de los discursos que tiene para nuestro país y el que expone para Perú y Haití.
Son, ante situaciones semejantes, discursos distintos, contrapuestos.
En Perú, en Haití y en Paraguay, los regímenes gobernantes
restringen de diversas maneras el derecho del pueblo a cambiar pacífica y electoralmente
a las autoridades.
Pero para Perú y para Haití, el gobierno de Clinton exige el fin de
esas restricciones, mientras que para Paraguay exige mantenerlas, avalando violaciones de
derechos humanos y ciudadanos.
Las diferencias notables entre una posición y otra pueden observarse
ahora con facilidad, pues los tres países tienen procesos electorales en marcha y las
agencias noticiosas dan profusa cobertura a las exigencias que el gobierno norteamericano
realiza ante los de Lima y Puerto Príncipe con el fin de asegurar el derecho de los
pueblos peruano y haitiano a elegir libremente.
Peter Romero, subsecretario para Asuntos Latinoamericanos del
Departamento de Estado de EEUU, quien tanto hizo para consolidar el vigente régimen
político paraguayo, basado en la supresión del derecho a elegir gobernantes, ha
pronunciado esta semana un vehemente discurso, ante una comisión legislativa
norteamericana, a favor de sostener ese derecho, pero en Haití.
¿Cuál es el factor que justifica esta diferencia?
El factor que justifica la diferencia es la corrupción. Nada menos.
La política del señor Clinton hacia el Paraguay se basa
principalmente en la defensa de los intereses financieros de su partido Demócrata, que ha
tenido en nuestro país una de sus fuentes de ingreso de dinero fácil, a través de los
negocios paraguayos del filipino Mark Jiménez.
Los señores William Jefferson Clinton y Albert Gore, presidente y
vicepresidente de Estados Unidos, encabezan la administración más cuestionada de la
historia norteamericana en lo referente a la manera en que obtienen los recursos que
invierten en sus campañas electorales y esta semana han sido oficialmente acusados por
Rudolf Giuliani de instrumentar el Departamento de Justicia norteamericano para asegurarse
impunidad en el asunto.
Nadie debería olvidar en el Paraguay que la actuación de la embajada
norteamericana en los sucesos de abril de 1996 le costaron al señor Jiménez la suma de
cien mil dólares.
La diferencia que existe entre la actitud del gobierno de Clinton
frente a Perú y Haití, además, es tan obvia y carece tan completamente de
justificaciones, que la arbitrariedad salta a la vista y esta delata, siempre, cosas como
las señaladas.