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Uno
de los problemas centrales a que se enfrentaron los constituyentes
de
1992 fue el diseño de un mecanismo que permitiera a la sociedad
ejercer algún control sobre los jueces en orden a evitar o castigar
la corrupción que, según consenso de aquel momento, tenía en el
Poder Judicial a uno de sus más
grandes nidos.
Establecieron como salida un Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados, muy abierto al principio, en lo referente a la
posibilidad de la sociedad de entablar acciones contra jueces
corruptos, pero muy cerrado en cuanto a su integración.
Este Jurado es una entidad con miembros permanentes
(repitiendo el error que desembocó en la crisis judicial paraguaya
de los años 30) que, además, tienen el mismo origen corporativo
que el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de nombrar a
los jueces.
Es decir, se diseño en 1992 un mecanismo que corría, ab
initio, serio riesgo de verse comprometido con los intereses
corporativos que operan
necesariamente sobre sus integrantes.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Muy pronto se resolvió que era necesario restringir la
posibilidad de los afectados de demandar a los jueces y, enseguida,
se adoptó un verdadero espíritu de cuerpo entre los miembros del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los jueces a quienes debía
sancionar.
Ahora, el presidente del organismo, Florentín López Cáceres
solicita una nueva restricción de la posibilidad de demandar a los
jueces, al proponer que toda acción incoada contra algún
magistrado debe, primero, ser aprobada por una comisión
investigadora del Consejo de la Magistratura.
López Cáceres pasa por alto el hecho de que, aún si no se
consideran los señalados intereses corporativos, el Consejo de la
Magistratura tiene un interés funcional propio de evitar el
cuestionamiento de los jueces nombrados por él.
López Cáceres expone la naturaleza del problema que afecta
al Paraguay en este campo, cuando sostiene que una de las funciones
del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es proteger a los jueces
de la mala fe de los litigantes.
El Jurado no fue creado para eso, sino para proteger a la
ciudadanía de los jueces corruptos, exclusivamente. Que el
presidente del mismo no lo entienda así muestra hasta qué punto la
sociedad se encuentra completamente desprotegida ante un Poder
Judicial corrompido hasta el punto que todas las mediciones
internacionales lo sitúan en el primer lugar del esquema paraguayo
de corrupción.
La solución es, como siempre, democratizar el asunto. Los
juicios contra
jueces deben poder ser presentados sin costo y sin trámites por
cualquier ciudadano que se sienta afectado y deben ser oídos por
jurados ad hoc integrados por sorteo, en cada caso, por personas que
no pertenezcan a los gremios que comparten intereses con ellos.
Al país le saldrá más barato tener a los jueces nerviosos porque
se sienten vigilados que continuar siendo víctima del prevaricato
generalizado.
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