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El caso del contralor

Enrique Vargas Peña

El contralor general de la República está siendo intensamente escrutado desde todos los medios del aparato propagandístico del régimen, que están investigando y publicando sus relaciones familiares, comerciales, políticas y sus negocios, cuentas, recursos, propiedades, etc.

Nada de esto sería un problema si no fuera porque, a raíz de este escrutinio, dos de las máximas autoridades del país, el Superior Tribunal Electoral y la Fiscalía General del Estado, han resuelto, en contra de las más claras disposiciones constitucionales y legales, no admitir en lo sucesivo las acciones que en el ejercicio de sus funciones realice la Contraloría.

La Contraloría había comunicado al Tribunal Superior de Justicia Electoral su intención de auditar sus actuaciones, como es su función legal hacer, y a la Fiscalía General había remitido frondosa documentación, oficial, que compromete al ex presidente Juan Carlos Wasmosy en la comisión de numerosos hechos dudosos.

Pero el Superior Tribunal Electoral y la Fiscalía General del Estado han resuelto que las publicaciones del aparato propagandístico del régimen son suficientes no solamente para condenar moralmente a la persona del contralor, sino para invalidar, en virtud de esa condena moral, cualquier acción de la Contraloría.

En síntesis, hay autoridades del Estado que se niegan a someterse a la ley aduciendo que el organismo encargado de implementarla carece de "altura moral", aunque la "altura moral" de la que hablan no sea la exigida en el orden jurídico, sino la definida en el aparato propagandístico del régimen.

En consecuencia, el manejo administrativo del Superior Tribunal de Justicia Electoral no será revisado, ni las denuncias que existen sobre Wasmosy serán investigadas por la Fiscalía General.

El mecanismo usado por la dictadura para deshacerse de la Contraloría no es nuevo, ya fue usado de manera intensiva contra Lino Oviedo, contra el ex presidente Raúl Cubas y contra algunos periodistas críticos.

Mediante él, las fuerzas que integran el régimen han logrado, en repetidas ocasiones, desconocer el orden jurídico para imponer sus arbitrios, que son los que ahora informan la realidad paraguaya.

Lo que el Superior Tribunal de Justicia Electoral y la Fiscalía General del Estado están diciendo, de manera inequívoca, clara y estentórea, es que el orden jurídico formal de la República del Paraguay les importa un rábano y que lo que ellos acatarán es otra cosa que no deriva de la Constitución, sino de los dictados del aparato propagandístico del régimen.

Es lo que John Locke denominaba "Estado de Arbitrariedad" y es una de las características esenciales de toda dictadura.

Una dictadura sobre la que cualquier paraguayo tiene conciencia pero sobra la cual el actual gobierno de Estados Unidos ha decidido mantener un silencio cómplice, como el que mantiene sobre el régimen títere que ha instalado en Quito para esquilmar, expoliar y burlarse del pueblo ecuatoriano.

La mención del ejemplo ecuatoriano es deliberada porque muestra con actualidad y en cada noticiero de los más diversos canales de televisión, lo que sucede cuando la legitimidad ha sido destruída por quienes se burlan del orden jurídico que los pueblos se han dado a sí mismos mediante argumentos que serían risibles sino causaran tanto daño y tanto dolor a gente de carne y hueso, como es el caso del Superior Tribunal de Justicia Electoral y de la Fiscalía General de la República del Paraguay.