Enrique Vargas Peña

Llegó a Ecuador ayer, 16 de diciembre, el señor Peter Romero, subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Latinoamericanos, con el objeto de mediar entre los diversos factores de poder del mencionado país andino, a los efectos de encontrar una vía de solución a la profunda crisis allí existente.

Romero había sido embajador norteamericano en Ecuador entre 1993 y 1996, durante el gobierno de Rodrigo Borja. De allí pasó a su actual alto cargo en la administración del presidente Clinton.

Es absolutamente inusual que un funcionario norteamericano que no tiene funciones de embajador especial, se presente a tratar de resolver una crisis nacional interna como es la que sufre Ecuador.

Y es sintomático del nivel de involucramiento de Estados Unidos en la política interna de Ecuador.

Leslie Alexander, actual embajador norteamericano en Quito, fue una figura protagónica y central en el derrocamiento del presidente constitucional de Ecuador, Abdalá Bucaram.

Bucaram había sido elegido presidente por más del cincuenta y dos por ciento del electorado y llevaba seis meses en el poder cuando Alexander inició una abierta campaña de oposición, acusando al presidente de estar involucrado en un negociado aduanero.

La mera mención pública de una denuncia como esa por parte de Alexander ocasionaría, en cualquier otro país o hacia cualquier otro embajador, la declaración, por el gobierno afectado, de persona no grata y la expulsión del diplomático.

Bucaram no actuó así y Alexander se convirtió en el núcleo de una movilización de la oposición política a Bucaram.

Dos semanas más tarde, el mismo día en que se producía en Quito una gran manifestación sindical, el Congreso votó que Bucaram estaba loco.

Una mayoría simple de diputados determinó que el presidente de la República del Ecuador, estaba loco, mentalmente insano.

Esta decisión tuvo algunas características muy notables, entre las que cabe destacar que no se consultó a ningún médico, no se ordenó el examen mental del acusado, no se presentó a la discusión parlamentaria ningún parte científico sobre el presidente.

Simplemente, esa mayoría simple opinó que el presidente estaba loco y en base a esa opinión sin fundamentos, aplicó el artículo 120 de la entonces vigente Constitución ecuatoriana para destituir a Bucaram.

Alexander, Peter Romero y Estados Unidos reconocieron inmediatamente esta asombrosa resolución del Congreso y lo mismo hicieron la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas.

Producido el hecho, correspondía la presidencia a la vicepresidente Rosalía Arteaga, pero Alexander, el arzobispo de Quito, el comandante de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo, y el líder del golpe parlamentario, Fabián Alarcón, "interpretaron" la Constitución y llegaron a una conclusión equivalente a la del juicio médico: que la vicepresidencia no está establecida para suplir la ausencia del presidente.

Por tanto, nombraron presidente al presidente del Congreso Fabían Alarcón.

La destrucción de la vida institucional ecuatoriana, organizada y alentada por Estados Unidos a través de su embajador y del subsecretario Romero, produjo inmediatamente el agravamiento de las condiciones de la vida social y económica del país.

Alarcón gobernó el desastre por dos años, administrando el intento por relegitimar las estructuras gubernamentales ecuatorianas en base a la proscripción de Bucaram, mediante una Convención Constituyente.

Luego convocaron elecciones en las que Bucaram no podía ser candidato, en las que triunfó, apretadamente, el candidato de los norteamericanos y de las fuerzas que derrocaron a Bucaram: Jamil Mahuad.

Mahuad estaba destinado a presentar el nuevo Ecuador erigido por Alexander y Romero, le otorgaron créditos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y fuerte apoyo político.

Sin embargo, la ilegitimidad subyacente, siguió operando en Ecuador, impidiendo las inversiones y destruyendo el aparato productivo.

La caída ha conducido a un cuestionamiento incluso de la unidad nacional ecuatoriana.