El caso del "empresario" filipino Mark
Jiménez permite exponer cómo afecta al Paraguay el espinoso tema de las contribuciones
electorales en Estados Unidos.
Recapitulando: Mark Jiménez encontró una veta del mercado para
hacerse rico, vendiendo al Paraguay partes de computadoras que se convierten en
computadoras para Brasil y Argentina.
Esa actividad específica fue protegida, al menos desde 1995, por el
gobierno norteamericano porque Jiménez se había convertido en un importante
contribuyente del oficialista partido Demócrata de EEUU.
Hay elementos, que se encuentran bajo investigación judicial y
legislativa en EEUU, que inducen a pensar que el negocio de Jiménez es, en realidad, una
operación de lavado de dinero.
Pero independientemente de esa cuestión agravante, lo cierto y lo
concreto es que protegiendo a "empresarios" como Jiménez, desde el gobierno de
EEUU se ha logrado que el partido Demócrata eludiera los controles que los ciudadanos
norteamericanos han establecido sobre las finanzas políticas.
Como las contribuciones a los políticos pueden determinar la adopción
de determinadas políticas no votadas, ni deseadas, ni conocidas, por el electorado, tal
como se está demostrando en el escándalo que afecta al ex presidente del gobierno
alemán, Helmut Kohl, todas las democracias dignas de ese nombre han establecido, o lo
están haciendo, controles sobre los fondos que reciben los partidos políticos o los
políticos personalmente.
Este tipo de control es el que está costando también una
investigación criminal al presidente de Israel, Ezer Weizman.
En Estados Unidos, y en todas las democracias, es un asunto de vida o
muerte para la soberanía popular, que el pueblo sepa con quiénes están financieramente
comprometidos los mandatarios.
En general, todas estas leyes se basan en la obligación que se impone
a los partidos, a los políticos, a los empresarios y a los donantes, de declarar no
solamente el monto de las contribuciones, sino el origen del dinero: cómo se generaron
los recursos que se destinan a la vida política.
Consecuentemente, políticos sin escrúpulos como el actual presidente
de EEUU, usan mecanismos que les permiten eludir esos controles y recibir recursos, a
cambio de compromisos, sin fiscalización.
Los tesoreros políticos de William Jefferson Clinton vieron que
generando fondos en el exterior, como con la venta de partes de computadoras que hace Mark
Jiménez, pueden disfrazar los fondos que reciben y usan.
Clinton, un hombre que ha mentido a la Justicia y que superó un juicio
político debido a votos de políticos tan oportunistas como él, puede, mediante apoyos
como el que presta a Mark Jiménez, evitar que su partido se vea limitado, o constreñido,
por las leyes referentes a las contribuciones políticas.
A cambio, y esto es lo grave, la política norteamericana en países
como Paraguay, se orienta a proteger los negocios de Jiménez, al margen del interés
nacional legítimo de EEUU. Esto incluye, como se ha visto, hacer todo lo necesario, todo,
para evitar que esos negocios sean afectados en los países víctimas.
Los efectos de esta inmoral política del señor Clinton no solamente
son calamitosos para Paraguay, que por ella se ve sometido al imperio de camarillas que lo
expolian impunemente con la bendición de Washington.
Son desastrosos también para el pueblo norteamericano, cuyos
políticos tienen en este mecanismo perverso la posibilidad de escapar del contralor
popular, actuando de manera cada vez más autónoma con respecto a sus mandantes.
El germen de la descomposición, que los agentes de la política de Clinton pretenden
limitar a países como el Paraguay, anida así en el sistema norteamericano, alimentado
desde la misma Casa Blanca, en la que está instalado un hombre que carece de límites
morales.