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Al tiempo que se daba aprobación en la Cámara de Diputados al
proyecto
de ley de rescate industrial, se aprobaba también la concesión de
poderes
especiales al presidente Luis Ángel González Macchi para
privatizar por
decreto tres empresas estatales: la proveedora de agua potable,
la empresa
de telecomunicaciones y el vetusto ferrocarril.
A esto se denomina "vía rápida" para la privatización.
Las objeciones a esta manera de enajenar el patrimonio público
pueden hacerse en abstracto, sin considerar que ella se está por
implementar en el Paraguay.
No hay duda que las empresas del Estado son una carga y no un
alivio para el contribuyente, como tampoco la hay acerca de que ellas
frenan, y no aceleran, el desarrollo.
Pero eso no implica que los bienes públicos deban tratarse sin
cuidado.
Aún cuando se piense, como mucha gente, que las empresas del
Estado estarán mejor incluso regaladas que en la situación en que
ahora se encuentran, es indudable que una voluntad mínima de buena
administración indica la necesidad de que las cosas se hagan con
transparencia, lo que se dificulta cuando se entrega todo un proceso a
la discreción de una sola voluntad.
Cuando esto sucede, se ponen en riesgo los elementos esenciales
que debe tener un proceso de privatización para cumplir los objetivos
que lo justifican, que es reducir la carga que debe soportar el
contribuyente y mejorar los servicios que recibe: la desregulación
del campo en que actúa cada entidad a ser enajenada (desmonopolización);
la garantía adecuada de la liquidación del pasivo que eventualmente
pueda existir y la fiscalización requerida para que los servicios a
ser prestados por la empresa enajenada sean mejores que los proveídos
antes de la venta.
Si esos elementos no están considerados en el proceso de
privatización, este no beneficiará al país. En el mejor de los
casos, abre el campo para la realización de negocios a grupos
determinados de inversores, pero en general se convierte en una fuente
de abusos sobre la ciudadanía a la que se cargan los costes de nuevos
privilegios que no mejoran su condición.
Los antecedentes del gobierno de González Macchi no permiten abrigar
demasiadas esperanzas acerca de lo que se hará con este proceso de
privatización por la “vía rápida”, lo cual es una pena, porque
serán sacrificadas las grandes conquistas que se han logrado en la
tarea de convencer a la opinión pública paraguaya acerca de la
necesidad de reformar el Estado, en el altar de los negociados de unos
pocos.
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