EL INFORME ESTADOUNIDENSE SOBRE DDHH
Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)
El gobierno de los Estados Unidos de América produce un informe anual
sobre el estado de los DDHH en algunos países del mundo jamás leí un informe
sobre lo que ocurre en Alemania, Japón o el Reino Unido de la Gran Bretaña en el
cual hacen consideraciones sobre la realidad de un país vista desde el balcón
estadounidense.
Normalmente esos informes se hacen teniendo en cuenta los valores que
son normales en los propios Estados Unidos, ahora que ya no tienen el problema de la
segregación racial.
Uno de los valores capitales de los Estados Unidos, que nace de su
origen británico y está inserto en su maravillosa Constitución, es que toda persona
debe ser considerada inocente hasta que un juez, mediante un debido proceso, la declare
culpable, basado en evidencias que vayan "mas allá de toda duda razonable".
Hasta ahora yo no había visto en los informes acerca del respeto a los
DDHH en los países que ordinariamente no los respetan, que se modificara ese principio.
Hay que recordar que uno de los "derechos humanos"
principales es el derecho a tener juicios justos y a que sea presumida su inocencia en
tanto no se compruebe su culpabilidad en algún delito.
Curiosamente, en el informe sobre Paraguay, el gobierno de los Estados
Unidos introdujo una presunción malévola con respecto a un caso judicial específico que
afecta a una persona acusada, sin evidencias de ninguna clase, de ser la autora moral de
un homicidio.
Todos sabemos que lo han hecho por motivos políticos, pero jamás lo
habían hecho antes.
Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, como cualquier otro
gobierno, tiene el más perfecto derecho de dudar de las intenciones de cualquier
político de cualquier país y de advertir a los pueblos el peligro que corren si le
prestan oídos; lo que no puede hacer el gobierno de los Estados Unidos es traicionar su
propia esencia, esa que les otorga el derecho de informar sobre el cumplimiento de los
DDHH en un país.
El informe estadounidense es bastante correcto en lo que se refiere al
comportamiento del gobierno paraguayo, y si hubiera respetado su propia legislación y sus
propios principios en lo referido a la imputación basada en una presunción, hubiera sido
excelente, incluso advirtiendo al pueblo paraguayo del peligro de caer en manos de
políticos populistas.
La condena al gobierno ilegítimo y usurpador es adecuada a la realidad
aunque no quieran admitir que, además de los DDHH, se ha violado en el Paraguay la
Constitución en lo que se refiere a las normas de sucesión, y se le niega al pueblo su
derecho de elegir sus mandatarios.
La impresión que deja el informe es que el gobierno de los Estados
Unidos ha querido hacer explícita su condena al Gral. Lino Cesar Oviedo, político al que
quieren impedir a toda costa el acceso al poder, por cuestiones que solamente el gobierno
estadounidense conoce, y que, como se ve obligado a condenar al gobierno nacido del golpe
de marzo también enemigo de Oviedo por lo menos hasta que haga un arreglo con
él por las barbaridades cometidas, teme que el informe sirva para hacer saltar a
los paraguayos de mal a peor.
Lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos, obnubilado por su
deseo de sacarse de encima al Gral. Oviedo ha cometido una falta grave contra sus propios
principios, lo que no es extraño bajo el gobierno del Clinton.